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SOS Rural advierte que el descontrol en la instalación de placas solares en tierras de cultivo pone en peligro la subsistencia del medio rural

SOS Rural ha dado la voz de alarma por el peligro para la subsistencia del medio rural que supone la falta de regulación en la instalación de placas solares, especialmente en tierras de cultivo. El movimiento alerta de las consecuencias negativas del descontrol en la proliferación de plantas fotovoltaicas, como la alteración del medio natural por los pesticidas agresivos para evitar que crezcan plantas en las placas, o el recalentamiento del suelo producido por las instalaciones fotovoltaicas, que provoca un mayor riesgo de incendios y una transformación del campo en un paisaje yermo. Y mira a Italia, donde se ha prohibido la instalación de placas solares en tierras agrícolas.

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El movimiento ciudadano que defiende el mundo rural recuerda que, cuando se sustituye la actividad agrícola por la industrial, el suelo se convierte en inerte, recalentado y haciéndolo estéril para el cultivo de alimentos. Además, para la instalación de placas solares en el medio rural, el suelo agrícola cambia de uso y se convierte en suelo industrial, transformando así un manto verde por un mar de hierro y cristal.

SOS Rural no está ni mucho menos en contra de las energías alternativas, pero «denuncia la falta de un marco regulatorio nacional que aborde el descontrol sobre unas mega plantas fotovoltaicas que están esterilizando el campo. Por cada hectárea que se transforma de tierras de cultivo placas, se produce un impacto medioambiental tremendo debido entre otros factores al uso de los pesticidas más agresivos para evitar que crezca planta alguna en su mar de hierro y cristal, y ello tiene como consecuencias la desertificación del campo, y la desaparición de especies de fauna y flora autóctonas, así como el mayor riesgo de incendios por el recalentamiento del suelo».

Asimismo, el movimiento ciudadano que defiende al mundo rural solicita a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que haga un último favor a su país antes de partir para Bruselas y deje de poner palos en las ruedas para que España pueda tener por fin un marco regulatorio integral sobre la instalación de fotovoltaicas en tierras de cultivo que proteja a la alimentación y la inmensa mayoría de los agricultores.

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Tras un verano repleto de fuegos en instalaciones fotovoltaicas, el movimiento alerta sobre este fenómeno y advierte que, con la proliferación descontrolada de placas solares, los incendios serán más habituales.

En el sector de la prevención de incendios, cada vez son más expertos los que expresan su preocupación por un problema que no para de crecer. En España, en 2022 y 2023 se produjeron más de 1.000 incendios en instalaciones fotovoltaicas, la mayoría de los cuales se declaró en el primer año de vida de la instalación.

Comunidades autónomas como Extremadura han sufrido especialmente tras incendios como el de este verano de la planta de Talaván, en Cáceres, que afectó a unas 870 hectáreas de superficie de pasto. Como advierten funcionarios del cuerpo de bomberos de Extremadura, estos incendios presentan además un mayor desafío por las dificultades de acceso de vehículos de gran tamaño a las plantas solares.

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«Basta ya de ocultar los problemas derivados de la falta de regulación sobre las plantas fotovoltaicas en tierras agrícolas, que están transformando tierras de cultivo, en muchos casos muy fértiles, en un suelo industrial sembrado de placas solares que recalientan el suelo y suponen un mayor riesgo de incendios», denuncia SOS Rural. Lo último que necesita un país como España, añade el movimiento, son «hectáreas de suelo fértil transformadas en suelo recalentado que incrementa las posibilidades de que se produzcan incendios en un país tan castigado por el fuego como España».

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