Una intensa jornada electoral que se ha celebrado cuatro años después de la anterior votación, tal y como dictan los estatutos de AMFAR.
La candidatura de la ciudadrealeña ha recibido el total apoyo por parte de las compromisarias, representantes de todas las delegaciones provinciales y autonómicas de AMFAR en España.
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Merino afronta su séptima legislatura como Presidenta de AMFAR que se constituyó en el año 1991. El Comité Ejecutivo ha quedado compuesto por la Presidenta, cuatro Vicepresidentas que han recaído sobre la segoviana, Nuria Alonso; la valenciana, Amparo Corbí; la tinerfeña, Ángela Delgado, y la alicantina, Tere Antón.
Por otra parte, el cargo de Secretaria General será desempeñado por la almeriense, Adoración Blanque; la Tesorería por la toledana, Rosa del Castillo y las dos vocalías por Consuelo Aznar y Almudena Guijarro, presidentas de AMFAR Zaragoza y AMFAR Cuenca, respectivamente.
La elección de los nuevos cargos del Comité Ejecutivo se ha llevado a cabo en la Asamblea General celebrada hoy en Madrid cuyo orden del día ha incluido además la presentación del balance económico del 2020 y los presupuestos para este 2021. Asimismo, todas las representantes provinciales y autonómicas han coincidido en centrar los objetivos de este año en asegurar el principio de Igualdad para las mujeres rurales españolas y en potenciar la interlocución social de la organización con los organismos de carácter público y privado.
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AMFAR
AMFAR es una Federación con implantación en todo el territorio nacional que cuenta con 29 asociaciones provinciales y regionales, distribuidas en 15 Comunidades autónomas, representando a más de 90.000 asociadas.
A lo largo de sus 30 años de trayectoria, AMFAR ha conseguido que las mujeres comenzasen a formar parte de los programas de formación del Ministerio de Agricultura, o que se incluyeran a las mujeres rurales en los planes de igualdad en todas las entidades públicas.
Asimismo, AMFAR fue pionera en España en la reivindicación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que se aprobó en octubre de 2011 y que constituyó todo un hito histórico.
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Una década ya desde que se abriera un marco legal y una nueva figura jurídica que permitía reconocer el trabajo “invisible” que realizaban las mujeres; así como profesionalizar su trabajo, incentivar la participación femenina en el sector agrario y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural.
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